San Martín, 1º de julio de 2010
A las autoridades de la U.O.M.
A la Confederación General del Trabajo
A las autoridades y fuerzas vivas municipales, provinciales y nacionales
A las organizaciones sindicales, sociales y politicas
A nuestros compañeros metalúrgicos
Los trabajadores de R.B.I. (ex Bosch) sufrimos el incumplimiento del acta firmada el 29/12/09 en la Secretaría de Trabajo de Gral. San Martín, por las patronales de R.B.I. y Robert Bosch, las autoridades del Ministerio de Trabajo de la Pcia. de Buenos Aires, representantes de nuestro sindicato y nuestros delegados; por eso muchos de nuestros compañeros siguen en la calle, sin ser incorporados a la nueva empresa, incluída toda la comisión interna. Y sin embargo se ha incorporado nuevo personal y trabajadores contratados por agencia.
Se nos han quitado numerosas conquistas que significaron la pérdida de un tercio de nuestro salario, que la nueva patronal se comprometió a discutirlas con nuestro Sindicato sin que tampoco haya cumplido nada.
Nuestra jornada de trabajo se ha prolongado a seis días semanales, totalizando 48 hs y no las 45 hs que cumplíamos antes y que son habituales en nuestro gremio y fueron las gestiones de nuestros delegados lo que permitió que el tema, finalmente, haya llegado a tratarse en la Secretaría de Trabajo de San Martín, donde hemos encontrado una amplia voluntad y seriedad para tratar éste problema.
En menos de 5 meses de trabajo con la nueva empresa ya se han producido despidos injustificados, aumentos de la producción y toda clase de persecuciones y sanciones.
A pesar de no contar con una organización sindical dentro de la fabrica venimos protagonizando distintas luchas contra tanta prepotencia e injusticias.
A esto se le suma ahora que tampoco podemos afiliarnos a nuestro sindicato porque la patronal se niega a realizar los descuentos correspondientes a la cuota sindical y la U.O.M. no nos afilia hasta que estos descuentos se empiecen a efectivizar.
Se desconocen así los derechos elementales de los trabajadores, consagrados por nuestras leyes laborales y por convenios internacionales con fuerza constitucional, como el de la libertad sindical para poder organizarce libremente sin intervención de las patronales y el Estado.
Una situación parecida sufren los compañeros metalúrgicos de José Lieb que ven cómo la empresa, a pesar de distintos fallos judiciales favorables, le impide la entrada a su trabajo al compañero Miguel Diz, miembro de su comisión interna o la persecución que sufre, con las causas abiertas en su contra, el compañero Rafael Artiguez, delegado de Em.Fer. por defender los derechos de sus compañeros, judicializando así los reclamos sindicales.
Por estas razones nos dirigimos a las autoridades de nuestro Sindicato, a los representantes de la C.G.T., a las fuerzas vivas y organizaciones municipales, provinciales y nacionales y particularmente a nuestros compañeros metalúrgicos para solicitarles su solidaridad y pedirles la adopción de urgentes medidas de lucha para defender los derechos de los trabajadores metalúrgicos.
Firman la circular 60 obreros de la fábrica
Contra el trabajo no registrado
(11/6/2010) Un proyecto de ley presentado por la diputada Maricel Etchecoin Moro en la Legislatura bonaerense dispone que será obligatorio para las empresas que contraten con el estado provincial la presentación de un certificado de libre deuda por obligaciones de la seguridad social.
El flagelo del trabajo en negro afecta a casi la mitad de la población económicamente activa y lo sufre tanto el trabajador, que pierde cobertura contra la enfermedad, los riesgos laborales y otras contingencias, como la sociedad en su conjunto porque se debilita el financiamiento de esas coberturas.
“En materia de transparencia de gestión, la Provincia de Buenos Aires tiene que empezar por cambiar los ejes de control de las adjudicaciones contractuales y reconocer que el empleo, y la promoción de empresas generadoras de empleo, es el mejor camino para escapar de la pobreza” señala el proyecto en sus fundamentos.
Y agrega: “el trabajo, sin embargo, es el eslabón perdido en los esfuerzos por combatir la corrupción en el seno de los contratos de licitaciones públicas. Por ello, la finalidad del presente proyecto de ley busca compatibilizar la normativa propia del otorgamiento de licitaciones de la obra pública provincial con la obligatoriedad de presentar certificaciones de libre deuda de seguridad social”.
